Hace poco más de un año, Córdoba dictó una ley que prohibió la minería metalífera y nuclear en todo su territorio. Muchos respiraron aliviados. Respiró el gobierno de Juan Schiaretti, que se quitó de encima un ruidoso problema que amenazaba acompañarlo toda su gestión, y respiraron los ambientalistas y quienes temían que las serranías acogieran una colosal mina a cielo abierto como las que se explotan en la cordillera.

Pero lo que fue presentado como una solución, ahora amenaza con convertirse en un grave problema: los mineros cordobeses y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) han unido esfuerzos para que aquella ley desaparezca. Ambas entidades entienden que se trata de una ley retrógrada, que perjudica el desempeño profesional y económico, que obstaculiza la investigación científica y que provocará un retroceso en el desarrollo de la provincia