BOLETIN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

La madrugada del 8 de setiembre de 2008 Susana Yedro cerró despacio la puerta de su casa para no despertar a Ramón, su compañero de vida. Era muy temprano todavía, y debía tomar el autobús que la llevara hacia Quimilí, el pueblo más cercano, donde tenía visita concertada con el pediatra. Hacía 3 meses que ella y Ramón habían sido padres, y tocaba un control médico para asegurarse que Santiago estaba bien.

Envuelta por la oscuridad, se dirigía hacia la carretera, pasando por delante de la casa de sus suegros y la de sus cuñados. Abuelos, tíos y nietos compartían las 600 hectáreas del patriarca de la familia, Don Roman, que las heredó de su padre cuando murió. Juntos trabajaban la tierra donde crecieron: sembraban algodón, unas pocas frutas y verduras, y criaban cerdos y gallinas. Su precaria economía de subsistencia contrastaba con los grandes latifundios de soja transgénica que se extendían a su alrededor. Cientos de miles de hectáreas de esta oleaginosa que en la última década se implantaron en la provincia de Santiago del Estero, al norte de Argentina, fruto de su buen rendimiento económico y de la nueva tecnología, que permitía cultivarla prácticamente en cualquier lugar. Desde entonces, el valor del suelo se había multiplicado por 10, y los González vivían cercados por los intereses de este negocio, y la codicia de sus representantes.

Mientras Susana tomaba el autobús acompañada de su hijo Santiago, Ramón se desperezaba y recibía la visita de su tío y uno de sus hermanos, Luis, que como cada día, venían a tomar mate antes de empezar una nueva jornada laboral. Tranquilos, se iban pasando el mate de uno a otro para entrar en calor, añadiendo en cada toma una nueva dosis de azúcar. De pronto, el silencio de la madrugada se rasgó. 4 camiones frenaron en seco y de ellos saltaron 30 policías y paramilitares armados. “Entraron a los tiros, rompiendo la puerta, las sillas y desordenándolo todo. Hirieron a Ramón en la pierna y a los otros les patearon. No les dieron ninguna explicación ni mostraron orden judicial”, explica Susana, a quien le contaron todo lo sucedido por teléfono. Desde la distancia, ella no podía hacer nada, impotente.

Después de burlarse de ellos y de sus derechos humanos, se llevaron a los 7 hombres de la familia González detenidos. Los acusaban de amenazas de muerte, secuestro e intento de homicidio. “Le imputaban cargos para encerrarlo durante 10 años -me aclara Susana- pero yo confiaba en Ramón y sabía perfectamente que él no había hecho nada”.